Virgilio Barco
Virgilio Barco Vargas
(Cúcuta, 1922 - Santafé de Bogotá, 1997) Político colombiano, presidente de la República entre 1986 y 1990. Era hijo de Jorge Enrique Barco y Julieta Vargas, y nieto del general conservador Virgilio Barco, uno de los pioneros en la explotación del petróleo en el país. Cursó sus estudios superiores en Cúcuta, y luego estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional y en el Massachusetts Institute of Technology, donde se graduó en 1943.
A su regreso a Colombia fue designado secretario de Obras Públicas y Hacienda en su departamento natal (1943-1945) y a continuación secretario general del Ministerio de Comunicaciones (1945-1946). Tras un breve paréntesis dedicado a la empresa privada, ejerció como concejal de Cúcuta y en 1949 fue elegido diputado. Posteriormente, residió en Estados Unidos, donde hizo una maestría en economía en la Universidad de Boston y el doctorado en el Massachusetts Institute of Technology. De vuelta en Colombia, Barco se vinculó al liberalismo y tomó parte en las campañas presidenciales de Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen. Fue senador de la República y ocupó la cartera de Obras Públicas durante la administración de Lleras Camargo, y de Agricultura, en la de Guillermo León Valencia.
En el cuatrienio del presidente Lleras Restrepo fue alcalde de Bogotá. También fue embajador de Colombia en Gran Bretaña (1961-1962) y Estados Unidos (1977-1980), así como miembro de la Junta Directiva del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (o Banco Mundial) entre 1969 y 1974, y presidente del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, entidad a la que estuvo vinculado entre 1966 y 1985.
En las elecciones presidenciales de 1986, Virgilio Barco fue votado por más de cuatro millones de electores, superando a Alvaro Gómez, el candidato conservador, por más de millón y medio de votos. Al ocupar la máxima magistratura, puso en marcha el controvertido esquema de "gobierno-oposición", con el cual buscaba superar los vestigios del bipartidismo que, según creía, bloqueaba el sistema político e impedía la crítica. La respuesta del conservatismo a su propuesta fue la "oposición reflexiva", ya que se abstuvieron de participar en la administración.
Los primeros meses de su gobierno fueron violentos, ya que tuvieron lugar numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de su antecesor. A ello se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado con el narcotráfico, asunto éste que constituyó, precisamente, el mayor problema durante su gestión.Para combatirlo, el gobierno combinó la inversión estatal para mejorar las condiciones de los sectores socialmente deprimidos con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. El gobierno de Barco impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el Plan de Lucha contra la Pobreza y las reformas políticas y judiciales que culminarían en el gobierno de su sucesor, Cesar Gaviria, con la adopción de una nueva Constitución.El presidente Barco mantuvo una política de confrontación total con el narcotráfico, y pretendió que la lucha contra los traficantes fuera asumida tanto por los países productores como por los consumidores, que suministraban los químicos para el procesamiento de las drogas, lavaban los dólares procedentes de su comercio y proveían de armas a los traficantes. A finales de su gobierno, las gestiones de pacificación permitieron llegar a un acuerdo con el Movimiento 19 de Abril, M-19, mediante el cual el grupo guerrillero se desmovilizó e inició su participación en la vida política institucional, bajo la denominación de Alianza Democrática M-19.Estos esfuerzos se vieron amenazados a raíz del asesinato de tres candidatos presidenciales, Carlos Pizarro, máximo líder del M-19, Bernardo Jaramillo Ossa, jefe de filas de la Unión Patriótica, y del liberal Luis Carlos Galán. Una vez concluido su período presidencial, Barco ocupó nuevamente la embajada ante la Gran Bretaña, para luego regresar a Bogotá, donde falleció de cáncer.
Mandato presidencial
- 7 de agosto de 1986 – 7 de agosto de 1990
- Para las Elecciones presidenciales de Colombia de 1982 se había sugerido el nombre de Barco como posible candidato a la Presidencia, pero éste, al igual que la mayoría de su partido respaldó al ex Presidente Alfonso López Michelsen, quien fue luego derrotado por el conservador Belisario Betancur. Para 1986 fue el propio López Michelsen quien impulsó a Virgilio Barco. Cuando los periodistas preguntaron su opinión acerca de la candidatura liberal y éste respondió con la famosa frase "¿Si no es Barco quién?". En las elecciones recibió el respaldo de todas las facciones de su partido, principalmente la del dirigente liberal y contralor general de la república en el periodo de 1982 - 1990, Rodolfo González García quien con su grupo político llamado la confederación liberal de Santander del cual era su jefe máximo, ayudo e impulso arduamente a que Barco pudiese ser el triunfador de la contienda electoral popular para presidente de la época, con la suma aún de la disidencia Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, quien encontró en Barco una garantía de unidad. Su rival fue el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado; el resultado fue de 4'214.000 votos (la votación más alta de la historia hasta ese momento), más del 59%, para Barco, frente a 2'586.825 de su adversario principal, y 328.641 del candidato de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal. Tras asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 1986, Barco emprendió el esquema gobierno-oposición para acabar con los vestigios del Frente Nacional, por lo que contó en su gabinete sólo con representantes del Partido Liberal. Su mandato tuvo como grandes ejes los programas contra la pobreza, el diálogo con las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. Su gobierno comenzó a aplicar un nuevo modelo de Administración Pública que buscaba cinco objetivos prioritarios: productividad social de los recursos públicos, democratización de la administración pública, eficiencia y responsabilidad de instituciones y funcionarios, capacidad de gerencia y administración y fortalecimiento institucional de la Presidencia de Colombia, mediante decisiones políticas del Presidente o a través de leyes y de actos reformatorios de la Constitución. Barco creó la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano a través del decreto 1150. De ella formaron parte Alberto Hernández Mora, Eduardo Aldana Valdez, Blanca Libia Arias, Alfonso Esguerra Fajardo, José Vicente Kataraín, Manuel Rodríguez Becerra, Fernando Botero Zea y Rudolf Hommes.
Política económica
El programa de apertura económica se inició con su administración, que abrió los mercados colombianos al mundo y recargó la economía del país, si bien este programa fue acelerado durante el mandato siguiente (César Gaviria), lo que sería motivo de fuertes polémicas en el Partido Liberal. En la erradicación de la pobreza destacaron con resultados aceptables "El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza" y el "Plan Nacional de Rehabilitación", éste último, el más exitoso, fue dirigido por Rafael Pardo Rueda, Eduardo Díaz Uribe y Eduardo Wills Herrera.
En las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990, se incluyó a forma de plebiscito una séptima papeleta en que los electores pudieran responder sí o no a la convocatoria de una asamblea para reformar la Constitución de Colombia. El plebiscito logró más de dos millones de votos (recontados informalmente) los cuales crearon un impacto en el presidente Barco, que viendo la cantidad de votos decidió apoyarlo como una forma de democracia participativa. El presidente Barco, mediante decreto ley 927 del 3 de mayo de 1990, ordenó a la Registraduría Nacional contabilizar los votos que en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo se emitieran a favor de la convocatoria. En un fallo sin precedentes, la Corte Suprema de Colombia declaró exequible el decreto, y la papeleta obtuvo respuesta afirmativa de cinco de los seis millones de votantes.
Cuando dejó la presidencia en 1990, sirvió nuevamente como Embajador de Colombia ante el Reino Unido hasta 1992.
El papel del expresidente en la gestación de la Constituyente de 1991
Virgilio Barco, el precursor olvidado
Fue el exmandatario liberal quien propuso, en 1988, un plebiscito para eliminar la barrera que impedía reformar la Constitución por métodos extraordinarios.
Después de César Gaviria, probablemente fue el expresidente Virgilio Barco el colombiano que jugó un papel más determinante en la preparación de la Constituyente de 1991. En efecto, el 20 de enero de 1988, fue él quien lanzó la propuesta de convocar una consulta popular que condujera a la derogatoria del artículo 13 del Plebiscito de 1957, que impedía aplicar métodos extraordinarios de reforma.
En carta a El Espectador, el 30 de enero de 1988, concretó la propuesta de la convocatoria de un referendo para el 13 de marzo de 1988 –fecha de las elecciones locales– a fin de que el propio constituyente primario dejara sin piso la barrera proveniente del Plebiscito de 1957 e incorporada a la Constitución vigente. No pocas resistencias surgieron al paso. Pero cuando se desató la crítica contra la propuesta, Barco se mantuvo firme.
Un editorial de El Tiempo del 1° de febrero, atribuido a Alberto Lleras, contenía algunos reparos. Carlos Lleras, quien a mediados del 87 había pedido una Constituyente, pero por la vía de una previa modificación de la Constitución en la forma ordinaria, dijo tajantemente a los periodistas que lo entrevistaron: “Yo no lo hubiera hecho”, en referencia a la propuesta de Barco.
López Michelsen, por su parte, se vino en contra. En clara alusión al memorando del 12 de enero, señaló que “un cenáculo de raposas inventa semana tras semana sofismas jurídicos para revestir de legalidad un paso que se puede considerar necesario políticamente, pero que es pueril abordarlo con visos de legalidad (...) que sea conveniente o inconveniente el procedimiento, es otro cantar (...) pero se está acudiendo a las vías de hecho, por fuera del ordenamiento constitucional, con el ropaje de una Corte Suprema de Justicia transfigurada”.
Muy pocos de los grandes jefes lo acompañaron, con la salvedad de Luis Carlos Galán, el más categórico en defensa de la propuesta gubernamental. Por su lado, la reacción inicial de Misael Pastrana fue de cautela. A la vez que señalaba que no había dado “concepto alguno a favor del plebiscito sorpresivamente propuesto”, se derretía en alabanzas al “luminoso estudio” de López y las “declaraciones plenas de sabiduría del expresidente Lleras Restrepo”. Parecía que la idea le disgustaba.
No obstante, más adelante, señaló que el motivo principal de rechazo del Partido Conservador era la fecha del 13 de marzo. En las elecciones de mitaca, esta colectividad solía hacer un buen papel. Pastrana creía que la idea del gobierno perturbaba un escenario electoral que le era tradicionalmente propicio. Por eso, mientras se endurecía en su posición de cambiar de fecha, abría la puerta del diálogo en relación con el referendo.
“El Partido está en contra de cualquier medida de excepción que se piense adoptar para el 13 de marzo, por considerarlo una interferencia al proceso constitucional en marcha. Por lo tanto se abstiene de votar el Plebiscito y se podría romper el diálogo (...) hay entera disposición a dialogar sobre el tema, a discutir mecanismos, a revisar fórmulas que conduzcan a la vía más expedita, pero después del 13 de marzo”, dijo Pastrana.
A raíz de esta posición, el 20 de febrero de 1988 Barco y Pastrana firmaron el Acuerdo de la Casa de Nariño, para convocar al pueblo a un referendo para el 9 de octubre de 1988. Todo parecía bien cubierto: se trataba de un acuerdo político, luego se presumía que era judicialmente invulnerable. La oposición de los expresidentes se veía compensada por el apoyo de amplios sectores de opinión y de los dirigentes más nuevos. En fin, el proceso marchaba a todo vapor.
Pero sería nuevamente la rama judicial la que se atravesaría en el camino. Esta vez, el Consejo de Estado estimó que allí estaba contenido un acto administrativo preparatorio, puesto que había una manifestación de voluntad del presidente. Y ese acto encarnaba el primer eslabón de una violación de la Constitución por cuanto el referendo estaba proscrito. Barco y Pastrana se advirtieron que si bien desistían del mecanismo, continuaba en pie el Acuerdo para llevar a cabo la reforma.
Todo esto desembocaría en una proyecto presentado por el Gobierno al Congreso el 27 de julio de 1988, el cual contenía ya muchas de las iniciativas que luego tomaron cuerpo en la Constituyente del 91. Su contenido era totalmente innovador. Fue el primer texto en el que se proponía de manera seria un cambio constitucional de verdad, en el sentido de adoptar un sistema constitucional distinto y no sólo de modificar partes de la estructura del Estado. Proponía principios para cimentar el Estado Social de Derecho, un serio capítulo de derechos fundamentales, con mecanismos de protección, la creación de la Corte Constitucional y la instauración de instrumentos de democracia participativa.
El proyecto caminó bien en el Congreso, pero cuando ya parecía listo para su aprobación, surgió un impasse relacionado con una iniciativa de referendo sobre la extradición. El gobierno se vio obligado a quitarle el apoyo a la reforma. Un nuevo fracaso en el proceso de cambio.
Estos acontecimientos llevaron a algunos voceros de la opinión, El Espectador entre ellos, a insistir en caminos distintos a los ordinarios. En ese ambiente, el 11 de marzo de 1990, encauzados por un movimiento cuyo epicentro fueron los estudiantes, muchos colombianos de manera espontánea depositaron una “séptima papeleta” para pedir que se abriera el camino de la reforma constitucional con fundamento en una decisión popular.
El presidente Barco recogió la invitación y promulgó el Decreto de Estado de Sitio 927 de 3 de mayo de 1990, por medio del cual ordenó a la organización electoral la contabilización de los votos que se depositaran el día de la elección presidencial sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Lo interesante es que, además de los elementos instrumentales que se han revisado, el legado de Barco fue más allá. En efecto, muchos de los aspectos temáticos que hicieron parte de la agenda de la Constituyente fueron anunciados por él desde cuando tomó la decisión de impulsar el cambio constitucional en 1988.
En tal categoría se pueden incluir la soberanía popular y su colofón, la democracia participativa; la ampliación de la Carta de Derechos y de los mecanismos de protección; la democratización y modernización de los partidos; procedimientos más ágiles para la expropiación; reforma del estado de sitio; fortalecimiento del Congreso; reformas a la justicia dentro de las cuales estaba considerada la Fiscalía General; y la creación de una Corte Constitucional, entre otras materias.
Es claro que hubo una sana continuidad entre Barco y Gaviria quien, como ministro suyo en dos carteras diferentes (Gobierno y Hacienda), ya venía involucrado en el espíritu y el cuerpo del proceso reformista.
* Ministro de Gobierno durante la presidencia de César Gaviria, fue representante del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
